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Entrada En Vigor Del Real Decreto Ley Del Actos Jurídicos Documentados

Puntos clave de la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Actos Jurídicos Documentados

El pasado 10 de noviembre entraba en vigor el nuevo Real Decreto Ley en relación al pago del impuesto de los Actos Jurídicos documentados en las hipotecas, el cual ahora tienen que asumir los bancos en lugar de los ciudadanos. El pago del conocido como “impuesto hipotecario” ha sido una de las decisiones más importantes llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque esta medida surgió en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, el cual dictaminó en una sentencia que debían ser los clientes y no los bancos los que pagaran este impuesto al constituir un crédito hipotecario, ha sido un gran avance en materia política y económica, del cual se esperan resultados positivos al facilitar las hipotecas a los ciudadanos.

Mayores beneficios para los ciudadanos

El Real Decreto ha modificado directamente la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que afecta a las hipotecas, de esta manera, a partir del 10 de noviembre, que es cuando se publicó la modificación en el Boletín Oficial del Estado, es la banca la que debe pagar este tributo y no los clientes como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Los Actos Jurídicos Documentados (AJD) constituyen el impuesto que se debe pagar sobre la escritura notarial cada vez que se firma una hipoteca, aunque no es un porcentaje muy elevado siempre supone un gasto extra con el que tienen que cargar los clientes. El valor de este impuesto varía según cada Comunidad Autónoma, por ejemplo, en la Comunidad Valencia es del 1,5 %, uno de los más elevados del país.

Sin duda alguna, esta modificación de ley ha supuesto grandes ventajas para los ciudadanos, y no solo por no pagar un tributo más de todos los que hay pagar, sino porque se podrá demandar la devolución de este impuesto. Este acción puede llegar a rondar por los 5.000 euros.

Seguridad para la adquisición de una hipoteca

La modificación de los AJD también ha tenido como principal objetivo elevar la protección de los derechos de los clientes financieros, algo que llevaba tiempo sobre la mesa presidencial y que exigía una resolución. Sánchez anunció también la voluntad de creación de una autoridad independiente que velará por llevar a cabo esa protección de los clientes financieros.

Con esta nueva autoridad se podrá garantizar la seguridad jurídica de todos, y mejorar la protección antes los abusos del sistema financiero, así como mejorar la capacidad que se tiene en cuanto a la resolución de los conflictos dentro del sector financiero.

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